Nuevos retos: migración, discriminación, violencia crimen organizado, cambio climático y terrorismo

 La globalización en el mundo y en particular en nuestra región ha venido acompañada no son los de un acusatorio aumento en el comercio internacional sino también de flujos intensos de migración. Varios contingentes de la población se desplazan fuera de sus países de origen buscando trabajo en otras economías más desarrolladas, México no es la excepción en este aspecto de hecho este ocurre en ambos sentidos como expulsor de mano obra y al mismo tiempo como receptor de migrantes de otros países. La condición de trabajadores ilegales fuera de su país de origen los hace sumamente vulnerables a los abusos y violaciones de derechos humanos. Precisamente la protección de los derechos humanos derechos migrantes constituye uno de los desafíos importantes más desatendidos de las políticas públicas en América latina. 

Las migraciones poblacionales responden de manera recurrente a situaciones de creciente desigualdad concretamente socio-económica, qué hace que los flujos se direccionen desde los países más empobrecidos hacia los más ricos. En la última década este fenómeno se ha propagado entre los países considerados desarrollados y están sumando nuevos matrices a los procesos migratorios, los cuales distan mucho según el lugar de origen y destino de las personas que intervienen en ellos.

Más allá del estancamiento económico, desigualdad, pobreza, la corrupción y la violencia e inseguridad, en  muchos países existe la discriminación ya sea por su edad, sexo, estrato socio-económico, raza, etnia, color de piel, origen y ubicación territorial, identidad sexual e incluso religión y nacionalidad. Ello impacta las personas y provoca discriminación a lo largo de todo su ciclo de vida, la discriminación se asume  como un problema público se han realizado numerosas investigaciones y se ha establecido sistemas de información y políticas públicas dirigidos a confrontarlas. Se requiere quitar obstáculos, empoderar a la gente discriminada, con políticas afirmativas y leyes e instituciones que abran el camino a la justicia y a la igualdad de oportunidades.

El sistema internacional ha sufrido cambios profundos, muchos de estos cambios han permitido visibilizar a actores no estatales que en el pasado tenían espacios limitados por el control territorial y de flujos ejercido por los gobiernos. De igual manera en el caso de Centroamérica los conflictos políticos militares de las décadas de 1970 y 1980 incrementaron la invisibilización de estos actores. Esos cambios generaron nuevos espacios de acción que antes estaban ocupados por los gobiernos. A ello se suma el desarrollo del mundo virtual qué ha favorecido la comunicación y el incremento de la presencia mediática de los actores no estatales. Esto posibilitó que distintos grupos criminales pudieran tener mayor influencia en las dinámicas sociales, económicas y políticas, repercutiendo en la cuestión de seguridad. Se agregan dos factores claves, un incremento de violencia y una pérdida de legitimidad y credibilidad de las autoridades. De ahí que cada vez aparezcan más espacios en donde la gestión pública se debilita y hasta desaparece lo cual fue aprovechado por los grupos de crimen organizado. El desarrollo de estos grupos les ha permitido comenzar asumir roles sociales e incluso legitimarse  en algunas comunidades y sectores sociales, al extremo que buscan influenciar las estructuras del poder.

Los científicos y la mayoría de los gobiernos coinciden en qué mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes con un gran número de especies al borde de la extinción y temperaturas globales en aumento. Las soluciones basadas en la naturaleza son la mejor opción para alcanzar el bienestar humano, abordar el cambio climático y proteger el planeta. No obstante la naturaleza está en crisis. Los seres humanos dependen de ecosistemas estables y saludables para su propia supervivencia. Este será a juicio de las Naciones unidas un año decisivo en el que los países definirán la agenda de la acción ambiental para la próxima década. Este mismo año los países deben renovar sus compromisos registrados bajo el acuerdo de París y presentar medidas climáticas más ambiciosas. Los compromisos actuales son insuficientes.

Las formas y herramientas para combatir a las personas y organizaciones a las que un estados califica de terroristas o potencialmente terroristas, ha sido y son objeto de discusión. En algunos casos se ha sostenido que la representación del terrorismo debe realizarse siguiendo los procedimientos legales, respetando los derechos humanos de las personas y preservando el sistema democrático, pero en otros casos el estado ha recurrido a procedimientos ilegales, fuerzas parapoliciales y paramilitares, autorización de la tortura, suspensión de los derechos humanos e incluso instalación de dictaduras. Entre los procedimientos para reprimir el terrorismo también se ha sostenido la necesidad de secuestrar y suprimir la identidad de los hijos de las personas a los que el estado imputa a ser terroristas.

https://youtu.be/CE125zeoTy0